-Fiscalía solicitó la preclusión 2 veces 

-Magistrado hizo salvamente de voto 

-No se ha demostrado la tipicidad y por lo tanto no hubo delito 

-El paso a paso de la acción, por presunto enriquecimiento ilícito 

-Dineros se obtuvieron lícitamente  

-Ante la Corte, este miércoles 8 

Por ÁLVARO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 

Hace 7 años, el polvorín estalló: encauzar ante la Suprema Corte, al hoy exitoso senador, Juan Pablo Gallo. Al exalcalde y economista liberal, que la rompió de manera frenética en las urnas. 

El hecho ha irritado a muchos. No es para menos, por la calidad del indiciado, figura de talla nacional. 

PRECLUSIÓN  

Van por él y ese es el objetivo central de la demanda, en la cual, la fiscalía general de la Nación, ha solicitado la preclusión por 2 veces.  

Que incluso, de acuerdo con lo actuado con responsabilidad fáctica: “da para que se archive e incluso se decrete la preclusión”.  

Pero esto sólo corresponde en derecho, en la marcha de lo avanzado en el proceso que sigue.  

NO HUBO DELITO 

“No se mostró la tipicidad, no hubo delito alguno”. 

Conocedoras de este proceso, están optimistas porque las “pruebas que se han aportado, son para considerar y que demuestran con contundencia, que no hubo irregularidad alguna”. 

Lo avalan, varios juristas de la región consultados, sobre el episodio que coloca el mismo en la escena de lo público. 

SALVAMENTO DE VOTO  

Lo hizo el Magistrado, Manuel Yarzagaray Bandera: salvamento parcial de voto, dentro de la indagación que se adelanta en contra del indiciado, Gallo Maya. 

Un hecho de presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, por la compra de un apartamento en el complejo Pinamar, en Pereira. 

“Ya estaba demostrada, lo consignó en el salvamento de voto, plenamente demostrada la fuente lícita, de donde provenían los dineros utilizados, por el indiciado para comprar el plurienunciado apartamento, lo que, a su vez, conllevaba a la acreditación de la causal de preclusión, deprecada por la Fiscalía”. 

HECHOS  

De la transacción, sólo se conoce que costó $400 millones. Lo señalan como un apartamento con acabados básicos, asequible. 

De dicha suma, la mitad ($200 millones) fue con un leasing habitacional  a 15 años, con una reconocida casa financiera colombiana. 

De acuerdo con otros juristas que analizaron el caso, la suma de $200 millones más, fueron de origen lícito, correspondieron a un crédito temporal mientras, vendían la primera casa donde residía en Los Alpes, el exalcalde y su esposa, hoy con su primogénito. El crédito, vale recordar, lo hizo el empleador de su señora. 

Quedó demostrado en el proceso con títulos (cheques y un CDT) en la época del 2016, se los prestó. 

Estas sumas, se cancelaron en noviembre del 2016 hasta en un 50 por ciento, y, el otro, en abril del 2017. 

Expertos en Inmobiliaria, les ponen un precio a costos de hoy, – 7 años después- del orden de los $800 a $900 millones. 

DINEROS OBTENIDOS LÍCITAMENTE 

Ahora, se trata de probar, que el bien inmueble, lo compraron con dineros obtenidos lícitamente, de acuerdo a las pruebas, que se comenta, serán llevadas al encuentro jurídico convocado en Bogotá. 

Como lo dejó escrito el Magistrado del salvamento parcial de voto: era factible por parte de la Fiscalía, proceder a revocar la providencia confutada”, para en su lugar precluir la indagación por cuanto los medios de conocimientos allegados, por el ente acusador, eran lo suficientemente contundentes como, para dar por demostradas las causales de preclusión deprecadas por la Fiscalía”., 

EL DEMANDANTE  

Daniel Silva, un joven abogado y aspirante a la gobernación, quien hace poco asumió como cuadro del cuerpo directivo del Deportivo Pereira, lo denunció el 31 de enero de 2017. El proceso ahí va. 

Silva ha llevado al “entierro” político a senadores y concejales, entre ellos el senador fallecido, Carlos Enrique Soto. 

De éste, lo acompañó una valla grande con un reflexivo, “por el qué tumbó a Soto”. El espacio está listo, siempre y cuando prospere en los estrados de la Suprema de Justicia, su rol de demandante.  

 Ahora, muchos consideran, que “golpeando” a Gallo, crecen sus aspiraciones políticas como alternativo y los Verdes, a la Gobernación. Incluso, de amplios sectores que están en orillas diversas del PH. 

Deben concurrir las partes, este miércoles al alto órgano de justicia. Es evidente, que está por encima la parte reputacional, de las 3 personas más involucradas.