Por ÁLVARO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
La Procuraduría General se pronunció hoy sobre la elección de director de la CARDER y mediante escrito enviado, al gobernador Víctor Manuel Tamayo, reitera que el Consejo directivo de la entidad, tiene plena autonomía para establecer o modificar el procedimiento.
Así lo hizo saber el Procurador 29 Judicial II Administrativo con funciones en la delegada para Asuntos Ambientales Minero Energéticos y Agrarios, Julio César Rodas Monsalve, en escrito al propio mandatario seccional.
CONSECUENCIAS
El proceso que ya se encuentra en marcha, reitera el funcionario del Ministerio Público, “advierte que una interpretación imprecisa o amañada de las directivas, circulares o pronunciamientos de la procuraduría General de la Nación, podría traer consecuencias disciplinarias.
“Por ello exhorta al Consejo Directivo de la CARDER atenerse al sentido de lo contenido en la directiva o12”.
Por lo menos media docenta de apsirantes a la dirección de la CARDER se habrían inscrito, en el cronograma fijado y que vence este 13 de octubre.
OFICIO
Hace precisiones respeto al concepto jurídico que rodea el procedimiento legal establecido en lo que se interpretó como una respuesta a un oficio de manera reciente enviada a los Consejeros, sobre la eventual ampliación del período que supuestamente habría dicho la Procuraduría.
Este hecho fue desestimado y negado por varios consejeros sobre intromisión indebida o tendenciosa por parte de la propia procuraduría, que pide que el escrito enviado sea leído hoy en el consejo directivo de la CARDER, convocado para las 9 de la mañana, de este viernes.
No es cierto que hagan creer que puedan existir falsas motivaciones para pretender modificar el acuerdo o el procedimiento en marcha.
REGAÑO
Es completamente incorrecta la interpretación que se hace de la directiva 012 de la señora procuradora, en el sentido que que de su texto se insinúe o recomiende que el proceso de elecci´no de sdirector de la Corporación se adelante después del debate electoral que se avecina o qwue adelantar dicho proceso antes de las elecciones, afecte la transparencia o los principios propios de la función pública, arguye el documento enviado al mandatario seccional.
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