Por Álvaro Rodríguez Hernández

De manera juiciosa, la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, presentó un estudiado documento a los gobiernos de Pereira y Dosquebradas, para que revisen el Plan de Ordenamiento Territorial.

Pereira lo hará, conocemos. Dosquebradas, sigue “en obra negra”. Ayuda este proceder a tener una “ciudad ordenada, sostenible, competitiva”. Observaciones que de acuerdo con su análisis dejan mucho que desear por lo que se registra hoy.

Al de la capital motivando esa revisión excepcional, entendiendo que hoy Pereira sigo con lo mismo al entrar en vigencia un acuerdo del 2016 que lo contiene. En las dos ciudades: los mismos conflictos de usos, la misma problemática con los suelos disponibles y que permitan el cierra financiero de los proyectos de vivienda de carácter prioritario y social.

Hay una cantidad de comisiones creadas, como lo enfatiza el director de Camacol, Víctor Baza, que no son funcionales. Existen también otros mecanismos de financiación en este sentido, que no están operando y por lo tanto no permiten el desarrollo del territorio.

El alcalde, Mauricio Salazar Peláez, por intermedio de la Secretaría de Planeación, con buen ojo, expidió una circular a modo de laudo ambiental donde fija requisitos para colocar freno a la sinvergüenzada que con el negocio de la tierra, se viene registrando de manera acelerada en esta capital. Sobre el particular, fue clara la autoridad ambiental en fijar sus puntos de vista.

Ahora falta que el señor alcalde de Dosquebradas, con Planeación, haga, plantee lo que en la materia sigue ocurriendo en su localidad. Ojalá sigue el ejemplo que en buena hora expidió el alcalde Mauricio Salazar.

No da espera. Las observaciones, deben motivar a sus gobiernos. Hay proliferación de subdivisiones de predios y la venta informal de éstos como un proindiviso de lotes con grave afectación al impacto ambiental, de riesgo, que en gran medida se hace “comiendo callados”. ¿Cuál es el impacto ambiental sino se reglamenta el uso del suelo? ¿A cómo está el precio del metro de tierra? Camacol cuestionó de paso la inseguridad jurídica que contempla el POT: se gestionan Licencias, usos de suelos, cargas urbanísticas, “han creado incertidumbre y encarecen los proyectos”.

Mientras tanto, los Concejos de estas ciudades, siguen mirando, ¡para el páramo! ¿No quieren un plan estratégico?