Por ÁLVARO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Del dicho al hecho: queja formal por acoso a 7 contratistas de la gobernación del Risaralda, oficializó la diputada del Centro Democrático, Luz Polo.
Ampara en su labor de función de control político procedió a la acción disciplinaria, ante la Procuraduría general de la nación.
Por una presunta omisión institucional en la protección de mujeres contratistas en la entidad oficial seccional.
“Quiero ser clara que mi función se fundamenta exclusivamente en documentos oficiales entregados por la propia gobernación y no en afirmaciones personales y en señalamientos sin sustentos”.
Para la dirigente política del Centro Democrático, había necesidad de ajustar el protocolopara proteger a las contratistas.
Corroboró que duraron 26 meses y 27 días sin actualizar el respectivo protocolo que nos las cubría a ellas.
Acerca de las respuestas obtenidas, de acuerdo con sus funciones, esgrimió que falta ahora ue la Procuraduría haga el proceso debido y se hizo un derecho de petición a la administración, donde de manera efetiva se comprueba que hubo omisión.
Es un documento extenso de 20 hojas, donde explican que se ajustó el protocolo.
¿Pregunto y por qué pasaron 26 meses y no lo hicieron si los obligaba para hacerlo, una directiva presidencial?
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