Por ÁLVARO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Álvaro Rodríguez: Julio César, recientemente se conoció que alrededor de 45 viviendas construidas en zonas de protección ambiental, en el sector rural de La Bella, en Pereira, deben ser derribadas. ¿Qué está ocurriendo exactamente con estas construcciones?
Julio César Gómez Salazar: Lo que tenemos es una situación que nos preocupa y frente a la cual la autoridad ambiental viene actuando de manera contundente. Estas 45 viviendas están ubicadas en una zona que hace parte del Distrito de Conservación, por lo que no se trata de terrenos en los que se pueda construir libremente. Existen unas condiciones ambientales y unas restricciones que deben ser respetadas.
La construcción de viviendas en estas áreas, sin las autorizaciones legales correspondientes, genera una afectación sobre el territorio y sobre las determinantes ambientales que deben ser tenidas en cuenta por las autoridades municipales y por quienes pretenden desarrollar proyectos o parcelaciones en suelo rural.
Álvaro Rodríguez: ¿Y qué papel ha desempeñado la CARDER frente a este tipo de ocupaciones?
Julio César Gómez Salazar: La CARDER ha venido adelantando una tarea eficaz y coordinada con la Policía para evitar que continúe la toma de suelos que no pueden ser modificados mediante construcciones que no cuentan con las autorizaciones legales. Estamos hablando de zonas que tienen unas restricciones específicas y que no pueden ser ocupadas de cualquier manera.
La actuación de la autoridad ambiental tiene precisamente ese propósito: prevenir que se sigan consolidando construcciones en lugares donde la normativa ambiental no lo permite y actuar cuando ya se han presentado situaciones que requieren medidas concretas.
Álvaro Rodríguez: ¿La situación se limita al sector de La Bella?
Julio César Gómez Salazar: No. También estamos realizando acciones contundentes en el Distrito de Barbas Bremen. Allí existen igualmente situaciones relacionadas con construcciones y ocupaciones que están siendo objeto de seguimiento. Algunas de esas construcciones podrían ser potencialmente demolidas, dependiendo de las decisiones y de los procedimientos que correspondan.
Lo importante es entender que estos territorios tienen una función ambiental y que no podemos permitir que, poco a poco, se vayan transformando mediante construcciones o parcelaciones que desconozcan las normas existentes.
Álvaro Rodríguez: En el caso de las 45 viviendas de La Bella, ¿ya existe una decisión que permita avanzar hacia la demolición?
Julio César Gómez Salazar: Sí. Ya existe una decisión judicial que autoriza la demolición y actualmente se están ejecutando los respectivos trámites administrativos necesarios para poder proceder.
Esto es importante porque no estamos hablando simplemente de una intención de la autoridad ambiental. Existe una decisión judicial y, a partir de ella, se deben adelantar los procedimientos correspondientes para hacerla efectiva.
Álvaro Rodríguez: ¿Qué mensaje se está enviando con esta decisión?
Julio César Gómez Salazar: El mensaje es muy claro: las zonas de protección ambiental no pueden convertirse en espacios para construir sin autorización. La protección del territorio requiere que las diferentes autoridades actúen de manera coordinada y que también exista responsabilidad por parte de quienes adquieren o desarrollan predios en estas áreas.
Nos preocupa especialmente que se siga construyendo con gran auge en zonas de protección y en áreas rurales, y que se esté parcelando el suelo rural de una manera que puede generar problemas muy graves.
Álvaro Rodríguez: Usted habla de un problema grave relacionado con la parcelación del suelo rural. ¿Por qué considera que esta situación requiere una actuación más contundente?
Julio César Gómez Salazar: Porque cuando se empieza a parcelar y a construir de manera desordenada en el suelo rural se termina modificando la planificación del territorio. Incluso se pueden generar situaciones que afectan los Planes de Ordenamiento Territorial, los POT, porque se producen transformaciones que no necesariamente corresponden con lo que está establecido para esas áreas.
Este es un problema al que durante mucho tiempo no se le ha querido dar una solución suficientemente contundente, pero nosotros consideramos que hay que actuar. No podemos esperar a que las situaciones se consoliden para después preguntarnos qué hacer.
Álvaro Rodríguez: ¿Qué ocurre con las personas que compran esos terrenos o viviendas pensando que posteriormente podrán legalizarlos?
Julio César Gómez Salazar: Ese es uno de los asuntos que más nos preocupa. Hay personas que pueden estar siendo estafadas o engañadas con falsas alertas de legalización. Se les puede estar haciendo creer que una construcción que actualmente no cumple con las condiciones legales o ambientales posteriormente será legalizada.
Por eso hemos insistido en la necesidad de que las personas verifiquen muy bien las condiciones de los terrenos antes de comprar, construir o invertir. No podemos permitir que se genere un mercado basado en falsas expectativas de legalización.
Álvaro Rodríguez: ¿Entonces existe el riesgo de que personas que compraron de buena fe terminen perdiendo sus viviendas o sus inversiones?
Julio César Gómez Salazar: Ese riesgo existe cuando se adquieren predios o construcciones que están ubicados en zonas donde existen restricciones y no se verifican previamente las condiciones jurídicas y ambientales.
Por eso es tan importante que la ciudadanía tenga información clara y que no se deje llevar por promesas de que posteriormente todo se va a legalizar. Cuando una construcción está en una zona donde existen restricciones ambientales, no se puede asumir que simplemente con el paso del tiempo será posible legalizarla.
Aquí hay que actuar de manera preventiva para evitar que más personas terminen afectadas.
Álvaro Rodríguez: Usted ha mencionado la necesidad de coordinación entre diferentes autoridades. ¿Quiénes deben intervenir?
Julio César Gómez Salazar: Deben actuar la Policía, las Alcaldías y la autoridad ambiental. Cada institución tiene unas competencias determinadas y debemos trabajar de manera articulada.
La autoridad ambiental tiene que hacer cumplir las determinantes ambientales y adelantar las actuaciones que correspondan. Las Alcaldías tienen responsabilidades fundamentales en materia de ordenamiento territorial y control urbanístico, y la Policía también tiene un papel importante para apoyar las actuaciones y evitar ocupaciones que se realicen de manera irregular.
No podemos trabajar cada uno por separado. Cuando se trata de proteger el territorio, necesitamos una actuación institucional coordinada.
Álvaro Rodríguez: ¿La decisión sobre las viviendas de La Bella puede convertirse en un precedente frente a nuevas ocupaciones?
Julio César Gómez Salazar: Lo que debe quedar claro es que existen límites. Las personas no pueden ocupar determinadas áreas simplemente porque encuentren un terreno disponible y consideren que pueden construir allí.
El hecho de que exista una decisión judicial que autoriza la demolición de estas viviendas manda un mensaje contundente sobre la necesidad de frenar las invasiones, las ocupaciones de hecho y la apropiación o modificación de extensas áreas de tierra mediante acciones que contrarían la ley.
La protección ambiental no puede quedarse únicamente en los documentos. Tiene que traducirse en acciones concretas sobre el territorio.
Álvaro Rodríguez: ¿Cuál es entonces la instrucción que usted ha impartido desde la dirección de la CARDER?
Julio César Gómez Salazar: He dado instrucciones precisas para que este tipo de construcciones no se sigan haciendo. Tenemos que fortalecer la vigilancia, actuar oportunamente y trabajar de manera articulada con las demás autoridades.
No podemos permitir que el problema avance hasta que sea imposible resolverlo. La prevención es fundamental, pero cuando ya existen construcciones que están en zonas donde no deben estar, tenemos que actuar dentro de las competencias de la autoridad ambiental y conforme a los procedimientos legales.
Álvaro Rodríguez: Finalmente, usted utiliza una expresión muy particular: “ahora que estamos en modo mundial no nos podemos hacer autogoles”. ¿Qué significa esto aplicado a la protección ambiental de Risaralda?
Julio César Gómez Salazar: Significa que no podemos ser nosotros mismos quienes terminemos afectando nuestro territorio. Risaralda tiene unos recursos naturales y unas zonas de enorme importancia ambiental que debemos proteger.
No podemos permitir que, mientras hablamos de desarrollo, terminemos destruyendo las condiciones ambientales que hacen posible ese desarrollo. Tampoco podemos permitir que personas inescrupulosas engañen a ciudadanos con falsas promesas de legalización.
Tenemos que ser responsables con el territorio y con la gente. La protección ambiental no es un obstáculo al desarrollo; es una condición para que ese desarrollo pueda ser sostenible.
El mensaje que queremos enviar es contundente: las zonas de protección deben respetarse. Las construcciones deben contar con las autorizaciones que correspondan y las autoridades debemos actuar cuando se presenten ocupaciones o intervenciones contrarias a la normativa.
En el caso de La Bella, ya existe una decisión judicial y se están adelantando los trámites administrativos correspondientes. Y en otros sectores, como Barbas Bremen, continuaremos haciendo seguimiento y actuando frente a las situaciones que se presenten.
La defensa del territorio requiere firmeza, coordinación institucional y, sobre todo, responsabilidad. No podemos esperar a que los problemas crezcan para después intentar solucionarlos.
